La diputada María Eugenia Vidal afirmó que “esta ley tiene dos partes”. En realidad, tiene tres destinatarios fundamentales: las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, los prestadores que brindan servicios y los trabajadores con discapacidad que producen en talleres. Reducirlo a dos partes es desconocer un sector clave de la población.
También sostuvo que el crecimiento de las pensiones se debe a “un montón de pensiones truchas”. Pero aquí es necesario hablar con la verdad: Argentina no vivió una guerra, pero sí vive desde hace décadas una catástrofe silenciosa llamada pobreza. Esa pobreza enferma, margina y genera condiciones que producen discapacidad. Con más de 45 millones de habitantes, tenemos entre 4,5 y 6,8 millones de personas con discapacidad. Si aplicamos los niveles de pobreza –del 30 al 60%– hablamos de entre 1,3 y 4 millones de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. No son “truchos”: son nuestros hermanos y hermanas, hechos a imagen y semejanza de Dios.
Las pensiones no crecieron por una avivada partidaria, sino por la necesidad real de atender a quienes no encuentran trabajo, a niños y jóvenes que viven en pobreza, a familias enteras que necesitan medicación, rehabilitación y acompañamiento. Desde una mirada cristiana, reconocer esta necesidad no es caridad: es justicia. Jesús mismo nos enseñó que seremos juzgados por cómo tratamos al hambriento, al enfermo, al preso, al más pequeño entre nosotros (Mt 25).
Vidal reconoce como “válida” la parte de la ley que ajusta por inflación los servicios para las personas con discapacidad. Pero la realidad es más compleja: si no se estudian los costos de base, los aumentos siempre llegarán tarde y mal. Y cuando se niega un presupuesto o se postergan decisiones, lo que se posterga no son papeles: son vidas.
El Evangelio nos recuerda que Dios escucha el clamor de los pobres, de los marginados, de quienes cargan con un sufrimiento que no eligieron. Y la Iglesia, fiel al Evangelio, está llamada a levantar esa voz y a defender el derecho a una vida digna para todos y todas.
El equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre el abandono de las personas con discapacidad. El Reino de Dios se anuncia con gestos concretos de justicia y cuidado. Por eso, lejos de ser un “invento” o una “avivada”, esta ley es un signo de esperanza en medio de un país que todavía tiene una deuda enorme con los más vulnerables.
Porque como cristianos creemos que la fe sin obras está muerta (Stgo 2,17), y la justicia sin inclusión también lo está.